Era Milton Friedman, uno de los popes liberales, el que afirmaba que la Gran Depresión se hubiera evitado si se hubiera actuado con una política monetaria lo suficientemente agresiva. Hablando en plata, con una bajada agresiva de los tipos de interés, primero, e inyectando dinero público en el sistema financiero a través de los bancos.

La mención de Friedman puede parecer un síntoma más de la arrogancia intelectual que han venido mostrando los representantes del pensamiento único, pero en el fondo hay cierto complejo de inferioridad en ese ataque de celos ante el éxito del keynesianismo como vía para salir de una depresión. Los ultraliberales parecen decir: “si nos hubieran dado manos libres en 1929, hubiéramos salido adelante sin pagar la factura de ningún New Deal”. Por suerte para los estadounidenses de entreguerras, la frase ya sólo es una posibilidad mental para los aficionados a las realidades alternativas.

No hay color cuando se compara el acabado de las teorías ultraliberal y keynesiana. La eficacia de las teorías del estímulo público de la economía se verificó experimentalmente a gran escala, tanto en los años 30 como en los planes de recuperación europea de la postguerra. El ultraliberalismo, por el contrario, tiene más de creencia que de ciencia social: si aceptamos sus dogmas y patadas a las leyes de la causalidad, ofrece a cambio una promesa de prosperidad sin límite. Sin embargo, lo más científico de la teoría liberal es precisamente la constatación estadística de su carácter cíclico, y la inviabilidad del mito del crecimiento indefinido.

Por otro lado, el ultraliberalismo parece concebido para otro planeta, u otra época, ya que requiere como condición necesaria para su despliegue la supresión previa de los estados y las regulaciones –con la honrosa excepción de las fuerzas del orden. Cualquier fracaso práctico se achaca a la presencia distorsionadora de lo público, por muy residual que sea.

Mientras llega ese mundo hipotético, el ultraliberalismo es, en el mejor de los casos, un artefacto bastante disfuncional para estos tiempos. Keynes añadió de propina a su teoría una explicación sobre la inutilidad de la receta ultraliberal en la situación excepcional de una depresión. Se trata de la trampa de liquidez, que está verificándose de nuevo en esta recesión: dada una situación de desconfianza total entre los actores económicos, y con unos tipos de interés lo bastante bajos como los actuales, el efecto combinado del miedo al futuro y la falta de  expectativas de ganancia provoca que cualquier aumento en la masa de dinero sea retenido y atesorado por sus poseedores, a la espera de tiempos mejores.

La cicatería crediticia de la banca española durante estos meses es un ejemplo de manual, pero no el único. Los ultraliberales presentan un tic recurrente, una especie de piedra filosofal a la que siempre vuelven, haga sol o truene: la afición a relajar las políticas fiscales y reducir impuestos –ojo, sólo los directos, los indirectos no deben ser tales impuestos a juzgar por el entusiasmo e imaginación con que los aplican los gobernantes liberales– para no dejar tirados a esos sufridos ciudadanos obligados a pagar el tipo máximo del 43% .

Cuando Pizarro decía que el dinero, donde mejor está es en el bolsillo de la gente, estaba abundando en esa fijación. No cabría esperar otra cosa de alguien para quien una bajada de un punto en el tipo marginal se traduciría en un flujo de miles de euros directos a su bolsillo. Al menos se agradece la claridad. Ya es más desconcertante que los responsables de un gobierno socialista se dejen seducir por un mito polvoriento y gasten recursos públicos en poner en el bolsillo de los contribuyentes 400 euros que no van suponer ninguna diferencia para una economía doméstica, y que comprometen fondos que serán necesarios en algún momento de ese porvenir nebuloso que nos espera.

La paradoja de la liquidez se resume en una doble constatación: en una fase de recesión, el ahorro crece. Como hemos visto, los ciudadanos desconfían de su futuro personal y todo el que puede hace sus provisiones de fondos; se trata de un comportamiento casi atávico, que se observa incluso en funcionarios con el sueldo asegurado. Pero al mismo tiempo, en una economía basada en la demanda hay pocos lugares más absurdos para el dinero que el bolsillo de los ciudadanos, donde no se traduce en consumo ni en inversión, simplemente se esconde temeroso debajo de una baldosa o la caja de seguridad de un banco –aún hay clases- mientras es devorado lentamente por la inflación.

Los responsables de economía del PP adolecen de una profunda pereza intelectual a la hora de construir una alternativa. Después de descalificar en bloque las medidas del Gobierno –a las que se puede acusar de timidez y tardanza, pero no de estar dentro del consenso europeo de iniciativas ante la crisis, lo que tampoco es necesariamente una garantía- uno esperaría quedar sorprendido por una reformulación totalmente novedosa de la política económica.

Nada más lejos de las expectativas. Aparte de desafiar la incredulidad de los ciudadanos con medidas para reducir el tamaño de las burocracias y mejorar su eficiencia, como si cualquier partido gobernante en cualquier nivel de la administración española no hubiera mantenido la inercia contraria desde hace 25 años, el mantra habitual de la derecha es prometer una reducción de impuestos –esos, los directos- y cotizaciones sociales en todas sus variantes. En algunos casos se ha propuesto y dispuesto la supresión directa de alguno de ellos, como el de sucesiones, sin atender a criterios de proporcionalidad. En otros casos, el político que debería implementar las rebajas ya va demasiado justo de líquido como para andar otorgando semejantes gracias, algo que pueden constatar los vecinos de Madrid.

Como las necesidades de los ciudadanos no se pueden recortar por decreto en la misma medida que los impuestos, la previsible caída en la recaudación tendría dos posibles vías de salida: la degradación o eliminación de prestaciones, o incurrir en mayores déficits públicos. Un ayuntamiento endeudado puede probar a recurrir a su comunidad autónoma, y ésta a la Administración central, pero en última instancia todos ellos echan mano a la bolsa común de los impuestos de los ciudadanos. La capacidad de endeudamiento de un estado queda limitada por la normativa europea y, en último término, por las costuras de la contabilidad.

Y todo ese sufrimiento social, a cambio de bien poco. Según afirmaba la ortodoxia hasta hace unos días, un mayor nivel de renta disponible debería reiniciar automáticamente el círculo virtuoso del consumo y la inversión, pero las cosas son algo más difusas fuera del universo de las verdades absolutas ultraliberales. La gente busca certezas, pero tras la demolición del paradigma dominante, quedan pocas en pie. Intuimos que la superación de la crisis tiene más que ver con la renovación del liderazgo internacional, la reconstrucción de la confianza de empresas y ciudadanos en las economías avanzadas, la lucha contra las bolsas de corrupción, el saneamiento y supervisión estrecha de un sistema financiero fuera de control, la adopción de firmes políticas públicas cuando la iniciativa privada ni está ni se le espera, incluso el diseño de nuevos modos de producción y nuevas relaciones económicas mundiales… una colosal agenda de complejos desafíos y delicados equilibrios sobre la que no se pronuncia un PP ensimismado en la nostalgia de las sencillas recetas de las reaganomics.

Como si el último año no hubiera tenido lugar, como si los neocon estadounidenses no se hubieran despedido con el mayor plan de rescate con dinero público de la historia, como si Friedman, y no Keynes, hubiera dado con la tecla cuando su mundo se resquebrajaba, el PP, con la excepción de algún outsider ilustrado, permanece impávido y desfasado en su aldea gala, ajeno a un mundo que ya ha doblado la esquina hacia un cambio de época.

El contexto de la producción de Sangre de Mayo es casi tan turbulento como los acontecimientos que relata. Antes de su estreno se desató una polémica sobre el coste de la película que es otro daño colateral de la utilización de la cultura como terreno de enfrentamiento político entre partidos.

Los cineastas españoles no son los únicos responsables de su mala reputación. El posicionamiento público de muchos de ellos en contra del gobierno de Aznar les convirtió en víctimas de una campaña de desprestigio típica de esas guerras culturales que desencadenan los neoconservadores. El cine español sería una pandilla de acomodados, personificada en los Bardem: progres de salón que se dan la gran vida con el dinero de los ciudadanos y llevan años viviendo de estrenar ladrillos sobre lo malo que era Franco que ya no interesan a nadie. Es nuestra versión cañí de la misma caricatura que hacen los republicanos de la gente de Hollywood.

Lo que callan los publicistas del liberalismo es que las ayudas públicas al cine español se mantuvieron en lo esencial durante el período 1996-2004, y que los cineastas se atrevieron a críticar al gobierno de Aznar precisamente cuando estaba en el poder y repartía la tarta de las subvenciones. Curiosa actitud para unos aduladores que sólo saben vivir de las migajas que tira el gobernante. ¿Qué molesta realmente a los opinadores de la caverna, que haya gente con ideas propias en el cine, o que sean unos ingratos por morder la mano que supuestamente les daba de comer?

Es perfectamente discutible la pertinencia de las ayudas públicas al cine, pero el debate es imposible si las cifras se falsean, o directamente se ocultan. Las ayudas directas pueden ser previas al rodaje (máximo 500.000 euros), o vinculadas a la recaudación. Se pueden hacer muchas trampas con las cifras de espectadores –y se hacen- pero no hay forma de superar un límite máximo por película de 1 millón de euros en ayudas.

Pues bien, en la producción de Sangre de Mayo la Comunidad de Madrid gastó 15 millones de euros limpios e independientes de  recaudación, más otro millón para la promoción. Esos 16 millones se pueden ver como una subvención muy poco liberal, como un pésimo negocio –la película ha recaudado en cines 714.000 euros-, o como una inversión pública en una especie de monumento alternativo al 2 de mayo que debería producir un beneficio social a determinar. Es digno de mencionar que los adalides del cine subvencion-free no han tenido mayores problemas en admitir ésta.

José Luís Garci no es culpable del dinero que la Comunidad de Madrid decidió asignarle, como no puede ser responsable de las complicadas decisiones y circunstancias que han rodeado la génesis de su película. Entre sus obligaciones como cineasta al aceptar el encargo no estaba el responder a las expectativas políticas de sus patrones, pero sí el dar lo mejor de su oficio, gastar con eficacia el dinero los madrileños, y exigir el control sobre las decisiones artísticas. Él mismo ha asegurado que ha trabajado con total libertad. Por tanto, entendemos que Sangre de Mayo no es, afortunadamente, una obra de Esperanza Aguirre, sino una película de José Luís Garci a todos los efectos, y una vez terminada, debe disfrutar de una oportunidad de ser valorada en términos cinematográficos. La procedencia política del encargo no es excusa: S. M. Eisentein, que debía responder ante Stalin, se las arregló para satisfacerlo y ya de paso redefinió los límites artísticos del cine.

Creo que a Sangre de Mayo no se le debe exigir tampoco un compromiso con la verdad histórica. No es un documental, sino una obra de ficción, y como tal ya contiene su propia verdad de referencia, que es la particular visión de las cosas de Garci y sus colaboradores. El compromiso de sus creadores es para con esa visión, y su objetivo es montar un relato verosímil y fiel a esa verdad. Por eso, algunos anacronismos como las banderas rojigualdas que cuelgan de los balcones en la escena de la entrada de Fernando VII son detalles de documentación –nada inocentes- que chirrían menos que esos diálogos-slogan, modelos de corrección política del siglo XXI (“es madrileño todo el que vive en Madrid, sea de donde sea”).

La visión de Garci es la primera parte de la película es panorámica. El guión de Horacio Valcárcel se basa en los primeros Episodios Nacionales, que seguían las peripecias de uno de los más conocidos personajes galdosianos, el joven Gabriel Araceli. Galdós hace suyo el punto de visto de Araceli, utiliza sus ojos y oidos para moverse arriba y debajo de la escala social, por salones, tabernas, teatros y mentideros. Garci asume casi íntegramente ese punto de vista, aunque el recurso termina siendo artificioso por insistente: Araceli llega a Aranjuez precisamente cuando estalla el motín que derriba a Godoy, y viaja al Escorial, al servicio de una aristócrata, justo a tiempo para asistir como testigo privilegiado de las intrigas entre partidarios de Fernando VII y la reina María Luisa.

La película se demora durante buena parte de su metraje en la construcción de ese tejido humano. Se nota que director y guionista se encuentran especialmente cómodos en ese registro, y se recrean presentando un tapiz de personajes episódicos que entran y salen, enhebrando tramas paralelas y conspiraciones de palacio, y abarcando, en definitiva, la instantánea del pulso vital de una sociedad.

El fresco humano de Galdós es encarnado por una amplia nómina de actores de varias generaciones. Uno de los problemas de esta parte es el precario ajuste de los diferentes registros y calidades interpretativos, incluso dentro de una misma escena. No hay un tono naturalista, ni teatral, ni sobrio, ni expresionista, sino todo a la vez: cada actor secundario utiliza su personaje como su escuela le da a entender. A algunos como a Carlos Larrañaga o Francisco Algora les tocan en suerte parlamentos acartonados que les envían directos al matadero; otros como Natalia Millán tienen que lidiar con esos típicos diálogos antinaturales destinados a dar información al espectador, más que a sus interlocutores. Y es que en Sangre de Mayo se habla mucho, pero se muestra bastante menos.

Hay  otro problema en la selección del catálogo de personajes. Se echa de menos a esa incómoda categoría de españoles, de difícil encaje en las tesis de nuestros neopatriotas,  que casualmente tampoco aparece representada en Sangre de Mayo. Son  aquellos a los que la propaganda absolutista despachó para siempre como afrancesados, aquellos para los que la Guerra de la Independencia supuso una escisión de conciencia: veían como su país era agredido precisamente por aquellos cuya forma de vida admiraban, obligados a una elección imposible entre unos invasores y un rey infame. Puesto que Garci ha trabajado con total libertad, la ausencia de la tragedia de los ilustrados españoles es decisión suya, y queda en su debe.

La segunda parte de la película, la insurrección en sí, se hace esperar, y es probablemente el segmento que acumula más problemas. Sangre de Mayo pierde altura de vuelo cuando más lo necesita, y quizás la mayor disfunción es la incorrecta elección del punto de vista. La mirada de Gabriel Araceli revela definitivamente su insuficiencia como recurso para abarcar la dimensión de todo lo que está pasando simultáneamente en la ciudad. Puesto que nadie puede estar a la vez en la calle de Toledo, el barrio de Malasaña y la Puerta del Sol, una narración en paralelo desde varios puntos hubiera preservado la dimensión épica de la lucha. Si la planificación fordiana, sobria y funcional, alcanza para resolver la primera parte, a Garci le hubiera venido muy bien aplicar las lecciones de montaje wellesiano para hacerse con las riendas del relato.

Garci ha reconocido que hace un tipo de cine antiguo, discursivo, y eso se trasluce en sus influencias y opciones, igual de antiguas. Para recrear el Madrid de principios del XIX el director recurre a la fuerza bruta -o método Samuel Bronston- y encarga unos grandes decorados al oscarizado Gil Parrondo que se comen las dos terceras partes del presupuesto, como si no se hubiera inventado la postproducción digital y Ridley Scott hubiera reconstruido entero el Coliseo para rodar Gladiator. Los exteriores reproducen básicamente la Puerta del Sol y un sector de la calle Cuchilleros (que no alcanza para mostrar la entrada del célebre Botín), y la mayoría de las acciones en la ciudad de Madrid se concentran en estos dos escenarios. Otro motivo de peso para no contar lo que sucede en otros lugares cuando los acontecimientos se precipitan.

Y vaya si se precipitan. Apenas sabemos nada de las primeras fases de la revuelta, de los disturbios en el Palacio Real, o las primeras emboscadas a los franceses aislados que se encuentran en la ciudad. No es muy deportivo pasar a cuchillo sin previo aviso a un soldado solitario, pero así empezaron las cosas. En Sangre de Mayo no hay lugar para el crescendo, la revuelta se nos presenta súbitamente en una fase avanzada, cuando el populacho ya ha invadido las calles, o al menos la inevitable calle Cuchilleros, y Murat ha movilizado a las tropas acantonadas en torno a la ciudad. ¿Cómo se ha llegado a ésto? Garci y su guionista parecen dar demasiadas cosas por sabidas.

En Sangre de Mayo hay otros momentos que pedían ser mostrados: los presos que piden salir de la cárcel para matar franceses y luego regresan a sus celdas, los soldados marcando las puertas de las casas desde las que eran atacados para volver a detener a sus ocupantes… episodios de gran potencial, todos ellos escamoteados… ¿no dió de sí el presupuesto, o es que Gabriel Araceli no acertó a pasar por allí?

Y luego están las escenas de acción, las dichosas escenas de acción, esa asignatura pendiente del cine español. La resolución de la piece de resistance que debía ser la secuencia de la carga de los mamelucos es especialmente decepcionante. Garci navega entre dos aguas, intenta rodarla con planos generales, pero sólo tiene diez o doce jinetes que pasan en un visto y no visto, así que cierra un poco el encuadre y se encomienda al lifting de la cámara lenta.

Díaz-Yanes ya sufrió un problema parecido en la secuencia de la batalla de Rocroi de Alatriste, el típico caso de plano general que en proyección luce más despoblado que la provincia de Soria. No parece el mismo director que firma la tensa incursión nocturna través de los canales flamencos con la que se abre su película.

Y es que no puedes emular las batallas de Espartaco si sólo dispones de 200 extras. En esos casos, la escala de producción americana no es buena consejera, y son preferibles las opciones del cine europeo. No hay más remedio que abandonar el punto de vista de los mariscales y acercar la cámara al combatiente de a pie. Un vistazo a dos películas emparentadas, Campanadas a medianoche de Orson Welles (¡que rodó la batalla de Shrewsbury en nuestra Casa de Campo!) y Enrique V de Kenneth Branagh (que se atreve con la carga de caballería de Agincourt con menos caballos todavía que Garci)  hubieran facilitado algunas ideas sobre cómo resolver estas secuencias con medios limitados, a base de planos cercanos, efectos de sonido y un trabajado montaje analítico.

Posiblemente el episodio que más merecía ser visto, en lugar de relatado por el personaje de Lucía Jiménez, sea el asedio al Parque de Monteleón, en la actual plaza del Dos de Mayo: un combate dentro del combate, de mayor entidad que las escaramuzas callejeras, que ha sido definido por Pérez-Reverte como nuestro propio Álamo. El episodio de la resistencia hasta la última bala frente a fuerzas superiores no sólo ofrecía una oportunidad para establecer un centro de gravedad de la película. También visualiza de forma muy eficaz la tesis esencial del episodio: el pueblo llano, cabreado y abandonado por las clases dirigentes, se une a los pocos militares que no han dimitido de su deber. En las pocas horas que dura la lucha, la chusma se convierte definitivamente en el pueblo en armas, que encuentra su propio coraje y se apropia de los mejores valores de aquel ejército que no había aprendido a rendirse. Tal vez inexacto históricamente –sabemos que le revuelta la inició una fracción marginal de madrileños, sin intención de provocar una guerra abierta- pero dramáticamente oro puro.

Uno de los elementos más criticados es la coda final, el publireportaje del Madrid del siglo XXI que parece la más clara imposición de los patrocinadores. Garci se defiende con el argumento de que esos planos hablan del renacer de la ciudad, y que Spielberg ha filmado finales parecidos, pero precisamente esos finales tipo La lista de Schindler nos han propinado algunos de los momentos más embarazosos del cine actual. Scorsese también hizo algo parecido, si bien más discretamente, en el final de Gangs of New York, pero en el caso que nos ocupa esos planos tienen peor justificación, a menos que Garci -que ha trabajado con total libertad- haya hecho suya la atrevida tesis del liberal gobierno madrileño: la pujanza económica de Madrid/España se debe a que en España/Madrid se ha implantado finalmente el mismo modelo liberal de nación que nació a la historia en la muy liberal revuelta del Dos de mayo.

Por eso no está de más cuidar un poco la metainformación de esos documentos, es decir, aquello que el documento puede decir sobre sí mismo: datos como su autor, su fecha de creación, un extracto de su contenido… Es una forma de tener un poco más de control sobre la forma en que Google presenta la información del documento en los resultados de una búsqueda.

Por ejemplo, cuando un fichero Word o PDF es indexado por Google, si el documento dispone de metainformación de título, el buscador la recoge y la muestra como título del documento en la página de resultados. Ignoro si Google puede tomar como título de un documento Word un texto al que se le aplique el estilo “Título”, pero en cualquier caso, en ausencia de metadatos nos arriesgamos a que el algoritmo tome sus propias decisiones y utilice como título las primeras palabras del documento, sean las que sean.

Uno de los objetivos del trabajo SEO es tener control sobre lo que dejamos pescar a los buscadores en nuestras páginas. Por eso, antes de subir un Word o un PDF, no está mal dedicar unos minutos a ponerlo a punto. El formulario para escribir los metadatos suele estar dentro el menú Archivo, bajo alguna opción del tipo Propiedades. Allí deberíamos indicar, al menos, el título, un extracto del contenido y quizás algunas palabras clave.

Podría ocurrir incluso que estuviéramos escribiendo sobre un documento antiguo o editando un fichero que nos han enviado con sus propios metadatos, así que la revisión nos podría evitar como poco una sorpresita de esas que tardan días en desaparecer de Google.

¿Tiene la Constitución algo que aportar en tiempos de crisis?  Si buscamos referencias a la política económica en su articulado, comprobamos cómo los constituyentes se cuidaron de que la propiedad privada (art. 33) o la libertad de empresa y la economía de mercado (art. 38) quedaran siempre subordinados al interés social, las exigencias de la economía general, e incluso a la planificación económica… por no hablar de la inquietante posibilidad que abre el art. 128  para la intervención de empresas si lo requiere el interés general.  Un bonito catálogo de heterodoxias para ese dogma liberal que súbitamente no encuentra quién le defienda.

La norma constitucional suena a música de vanguardia en los pasajes dedicados al modelo social y económico, hasta el punto que parece facilitar el marco legal para un régimen de economía mixta. Algunos autores consideran que con su actual redacción, sería más fácil convertir el país en una especie de monarquía del proletariado que cambiar la forma de estado.

Las constituciones están sometidas a una tensión estructural desde que salen de fábrica: se hacen para perdurar, pero son hijas de su tiempo, y en 1978 el pensamiento único ultraliberal era apenas un experimento de laboratorio que hacía sus primeras pruebas de campo en el sangrante Chile de Pinochet. En España, la convivencia de libertad de empresa y planificación estatal se veía desprejuicidamente, y no sólo desde la izquierda. La derecha española venía de construir y medrar en un estado corporativo, y en los 70  tenía detrás una tradición de planes de desarrollo e intervencionismo nada liberales.

Desafortunadamente, los artículos sobre principios económicos y sociales no forman parte del bloque de derechos especialmente protegidos y directamente reclamables ante los tribunales. Los sucesivos gobiernos los han tomado a título de orientaciones generales o posibilidades que se podían utilizar a discrección, y el embate neocon los redujo progresivamente al status de incordio para responsables políticos.

Pero el hecho de que tales derechos deban expresarse a través de otras leyes no significa que sean optativos, es sólo que necesitan concretarse en mayor detalle por su complejidad técnica, pero emplazan a los poderes públicos a ponerse manos a la obra. Más aún, ahora que aparentemente salimos del túnel ultraliberal, que vuelven Keynes y las hombreras , y que hasta el presidente de la CEOE aceptaría un paréntesis en el libre mercado -una forma tan sibilina como cualquier otra de reclamar el dinero de los contribuyentes- es el momento de utilizar el arsenal que atesora el capítulo económico de la Constitución, que de pronto parece recién salido del horno.

Si para los nacionalistas la norma del 78 ya ha agotado sus posibilidades con la formulación actual del Título VIII, para los progresistas todavía tiene un recorido pendiente en el artículo 38 y el Capítulo III, pasajes que contienen la semilla de un programa de actuación que busca quien le adopte. Divididos entre un socialismo acomplejado en lo económico y atrapado en los engranajes mentales de la ortodoxia, y una IU dedicada full time a su  proceso de autodestrucción, los partidos de la izquierda parlamentaria están desperdiciando la oportunidad de hacer suyo un poderoso instrumento legal que daría cobertura a la voluntad de intentar cosas fuera del paradigma económico.

Una primera idea, bastante menos audaz que cualquier nacionalización de las que ya hemos visto en Gran Bretaña o Estados Unidos, sería rebobinar unos años y plantearse refundar la banca pública. El sector financiero no ha sido hasta ahora parte de la solución, sino del problema. Más pendientes de su propia suerte, las entidades retienen las sucesivas inyecciónes de fondos públicos destinados al crédito para hacer frente a sus futuras obligaciones. La reacción de Pedro Solbes se limita a tirar de las orejas a los directivos de las entidades, lo cual lleva a interrogarse por las contrapartidas del plan de ayuda, si es que el Gobierno ha tenido la previsión de negociar alguna. Y todavía habrá que dar gracias porque hasta ahora no ha sido necesario acudir al rescate de alguno de los rescatadores.

Tal como están las cosas, el Gobierno no puede dejar sus políticas de incremento de la liquidez en manos de intermediarios tan desganados, que ya tienen su ración de problemas y sus propias ideas sobre el destino de las inyecciones de dinero público. El Estado necesita instrumentos de intervención directa para hacer llegar el crédito eficazmente a los destinatarios finales de esas ayudas, y esos no pueden ser nunca los accionistas y tenedores de deuda bancaria.